POLÍTICA MIGRATORIA | La Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea han pactado una nueva normativa que autoriza centros de detención de migrantes en terceros países y acelera los retornos.
Esta normativa supone una victoria para los partidos de derecha y los partidarios de una gestión migratoria más ortodoxa, y establece plazos de detención para los repatriados de hasta dos años en caso de riesgo de fuga o falta de cooperación con las autoridades.
Los centros de detención en terceros países, siguiendo el 'modelo Meloni' aplicado por Italia en acuerdo con Albania, podrán ser utilizados por los países miembros, aunque la normativa establece que los menores no acompañados no podrán ser transferidos a estos centros bajo ninguna circunstancia.
La nueva normativa ha recibido duras críticas por parte de las ONG, que han cuestionado la compatibilidad de estos procedimientos con el Derecho comunitario. Sin embargo, la UE sostiene que estas medidas agilizarán los procesos de retorno y mantendrán a los solicitantes rechazados alejados del espacio común europeo durante la fase final del trámite.
El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha defendido una inmigración "ordenada, regular y vinculada al mercado laboral", y ha mostrado su satisfacción por el acuerdo, que considera "histórico" y un paso hacia una política migratoria más seria y creíble.
La normativa entrará en vigor doce meses después de su aprobación, aunque algunas disposiciones serán aplicables de forma inmediata. La Comisión Europea presentó este reglamento en marzo de 2025 con el objetivo de establecer normas comunes para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular en la UE.
"El nuevo reglamento agilizará el proceso de retorno y aumentará el número de retornos de personas que carecen de derecho legal a permanecer en la UE", ha valorado la presidencia chipriota del Consejo, que ve este acuerdo como "histórico" porque refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE.
Antecedentes de la política migratoria de la UE
La Unión Europea ha estado trabajando en una política migratoria más dura durante varios años. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó un reglamento para establecer normas comunes para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular en la UE. Este reglamento forma parte del pacto sobre migración y asilo, cuya aplicación comenzó el 12 de junio de 2026.
El nuevo reglamento de retornos se basa en la aceleración de las deportaciones y en la autorización de centros de detención de migrantes en terceros estados. Según datos de la Comisión Europea, actualmente el 64% de los retornos apoyados por Frontex han sido voluntarios.
La política migratoria de la UE ha sido objeto de críticas por parte de las ONG, que han expresado preocupación por la posibilidad de que los centros de detención en terceros países no cumplan con los estándares de derechos humanos. Sin embargo, la UE ha insistido en que la normativa establece una excepción fundamental por razones de vulnerabilidad, y que los menores no acompañados no podrán ser transferidos a estos centros de deportación en el extranjero bajo ninguna circunstancia.
Implicaciones del nuevo reglamento
El nuevo reglamento de retornos tendrá un impacto significativo en la política migratoria de la UE. Según la presidencia chipriota del Consejo, este acuerdo es "histórico" porque refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto de la UE sobre migración y asilo, siempre en el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, algunos críticos han expresado preocupación por la posibilidad de que el reglamento conduzca a una mayor securización de la política migratoria y a una reducción de los incentivos para el retorno voluntario.
